El pasado 30 de septiembre de 2021, se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por virtud de la cual se propone modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la inclusión de diversos artículos transitorios. La intención es revertir la reforma constitucional en materia energética publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2013.

A grosso modo, dicha reforma tuvo como objetivo principal la apertura del mercado en el sector energético. Esto implicó la llegada de inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros, que invirtieron millones de dólares en México, lo cual conllevó la creación miles de empleos formales y la posibilidad generar energías renovables a un costo menor, que no implicara recursos públicos y en beneficio de los consumidores finales.

A juicio del Presidente López Obrador, este modelo novedoso acarreó un debilitamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a que perdió presencia en el mercado. Esto resulta lógico, puesto que la reforma generó la presencia de competidores directos para la empresa estatal, con la intención de crear un servicio de mayor calidad y menor costo para los consumidores finales. No obstante, con esta nueva iniciativa, el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pretende revertir la reforma de 2013, lo que implicaría un grave retroceso para el país.

En este sentido, la naturaleza actual de la CFE es la de una empresa productiva del estado, que cuenta con subsidiarias y filiales, lo que le permite competir de manera más eficiente en el mercado. Empero, la reforma postula cancelar esta separación legal y que la CFE se integre como un solo organismo del Estado manteniendo ciertas filiales y subsidiarias, pero en un esquema que las vuelve nulas.

Asimismo, la reforma intenta desaparecer al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ambos creados en la reforma de 2013. Por un lado, el CENACE es el encargado de ejercer el control del Sistema Eléctrico Nacional. Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía, se encarga de la regulación, otorgamiento de permisos de generación, tarifas de porteo de transmisión y distribución de energía. Es decir, estas son entidades encargadas de regular el mercado para que funcione correctamente. Como competidor en el mercado, la CFE debe estar bajo la regulación de dichas entidades. Sin embargo, la reforma quiere incorporar el CENACE a la CFE y las funciones de la CRE otorgarlas a la Secretaría de Energía. Los intereses del Estado pueden llegar a ser contradictorios con las funciones del CENACE y de la CRE, por lo que es riesgoso e ineficiente que el Estado absorba a dichas entidades.

Aunado a lo anterior, la reforma aspira a la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica otorgados, los contratos de compraventa de electricidad y las diversas figuras de generación privada, así como las solicitudes pendientes de resolución. Esto se hace de manera arbitraria, en total violación al Estado de Derecho y ocasionando que no haya certeza jurídica en el país, lo cual implicaría una alerta para los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, quienes invirtieron grandes cantidades de dinero en nuestro país. Por tal motivo, seguramente, de llevarse a cabo esta reforma en estos términos, se generarán importantes y costosos litigios en contra del Estado Mexicano, afectando nuestra imagen en el ámbito internacional.

En síntesis, de aprobarse esta reforma, al cancelarse todos los permisos de carácter privado, se obligaría a vender toda la Energía a la CFE. La distribución del mercado quedaría 54% para la CFE y 46% para la inversión privada, la cual estaría sujeta a la discrecionalidad de su propio competidor, es decir la CFE. Puesto que, como se mencionó, se le atribuyen las facultades de la CRE a la Secretaría de Energía y el  CENACE lo absorbe la CFE.

La reforma propuesta implica un grave retroceso para el desarrollo del país, la generación de energías renovables para mitigar el cambio climático, la inversión privada y la generación de empleos en México y afecta las inversiones privadas en dicho sector.

Nuestra área de Derecho Energético y Solución de Controversias se encuentra en posibilidades de brindar mayor información y asesoría a cualquier persona física o moral potencialmente afectada por la reforma.